En el ámbito electoral de cualquier país las promesas y ofertas en campaña política son la regla y Costa Rica no es la excepción, ante la propuesta que realizo el candidato por el Partido Social Democrático Rodrigo Chavez con respecto a que iba a lograr que los pescadores puntarenenses pescaran el atún aleta amarilla infiriendo una solución a la deficitaria oferta laboral en el puerto, creo que se debe tomar en cuenta algunos datos o información al respecto. No vamos a descalificar a priori su propuesta sino a las luces de la realidad sobre el atún en Costa Rica.
El tema del atún es sumamente complejo por el tipo de pesca en sí, el atún siendo una especie pelágica no es sedentario y su aparición o desaparición en ciertas aguas obedece a ciertos ciclos migratorios encadenados a alimentación, temperatura, desove etc. entonces su presencia o ausencia incide en la cantidad de ingresos que se pueden lograr en razón del licenciamiento de embarcaciones para realizar labores de pesca en la ZEE costarricense.
En la década de los 70, para ser precisos después de su fundación en 1975, la Cooperativa de Atuneros iniciada en el tercer mandato de Figueres Ferrer (1970-1974). COOPEATUN R.L. nació ante la necesidad de contar con una flota atunera nacional y satisfacer las demandas de empleo de los pescadores de Puntarenas. De esta manera, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Ejecutivo otorgar avales hasta por la suma de 15 millones de dólares con el objetivo de garantizar los préstamos que la cooperativa adquiriera durante la compra de barcos atuneros CoopeatunI y Coopeatun II, estas de 1,200 TM de capacidad, después de esta experiencia no han operado barcos 100% de bandera nacional, si es cierto que se abanderaron algunos barcos de manera conveniente pero su paso como barcos costarricenses fue efímero. (Boruca, Cariari, Talamanca, Chorotega y Orosi pertenecientes a Zapata)
El estado costarricense adolece de infraestructura y recursos logísticos para el cuido y protección de su Zona Económica Exclusiva, Costa Rica no puede hacer cumplir su política de protección de sus propios recursos naturales, en pocas palabras no pueden vigilar el ingreso de naves que realizan pesca ilegal.
Las administraciones Figueres Ferrer (1970-1974), Oduber Quirós (1974-1978) y Carazo Odio (1978-1982) le concedieron gran importancia al tema de la soberanía y la delimitación de las áreas marinas y derechos de explotación atunera, esto motivó la firma de dos préstamos internacionales en 1975, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoyados por la FAO, para mejorar el control de las descargas y las estadísticas pesqueras; sin embargo, el objetivo principal (la regulación de la actividad pesquera) falló ante la incapacidad de Costa Rica de vigilar su territorio marítimo. La propuesta de que la misma actividad pesquera financiara la vigilancia marítima, concepto que aparece en la denominada Ley Ferreto (Ley 5775 de 1975), no se logró concretar.
Hasta la fecha, la vigilancia del territorio marítimo es un tema pendiente.
La descarga del producto atunero obtenido deberá ser desembarcada únicamente en los muelles costarricenses debidamente autorizados para tal propósito. En ningún caso se podrá descargar el producto capturado en la Zona Económica Exclusiva costarricense, en otro país e introducir el mismo por fronteras terrestres o aéreas, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso corresponderá tanto a la industria como al armador demostrar tal situación. Caso contrario sería causal de revocatoria o negación de futuras licencias.
Previo a la descarga, la industria que realizó el contrato para el otorgamiento de la licencia de pesca deberá indicar al INCOPESCA que tiene capacidad de almacenar la totalidad del producto atunero por la embarcación con licencia de pesca otorgada por el INCOPESCA. Por ejemplo, las enlatadoras como Sardimar debe demostrar capacidad de almacenamiento, enfriamiento y proceso de esas capturas.
En caso de incumplimiento contractual por parte del armador con la industria procesadora nacional, se procederá previa comprobación del debido proceso, a cancelar el registro anual que faculta a la embarcación seguir obteniendo licencias en nuestra Zona Económica Exclusiva, con lo cual perderá su derecho al otorgamiento de la prórroga gratuita de la licencia de pesca. en otras palabras, si no descarga la captura en plantas ticas se le cancela la posibilidad de adquirir licencias.
Una vez completada la descarga de la totalidad del producto pesquero capturado durante la vigencia de la licencia de pesca, la industria procesadora deberá informar al INCOPESCA, en la Dirección General Técnica, la totalidad del producto obtenido por capturas realizadas en la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, para que sean descontadas de la cuota anual permitida por el INCOPESCA. Eso se deduce de las 9,302 TM asignadas como cuota para el país.
La industria procesadora nacional, no podrá exportar el atún entero sin procesar, que hubiese sido adquirido por medio de una licencia de pesca otorgada a embarcaciones de bandera extranjera. Todo debe ser procesado en territorio nacional, no se considera reexportar “raw material“.
Una vez que se hubiese completado el total de 9.302 TM permitidas para completar el abasto de atún a la industria procesadora nacional, se suspenderá por el resto del año el otorgamiento de este tipo de licencias, mismas que se reactivarán el primero de enero del año siguiente. Esta cuota a repartir es otorgada por al CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical) del cual Costa Rica es signatario.
Esa cuota equivaldría a la captura del total de bodega de algunas embarcaciones si estas fueran de promedio de 1200 TM equivaldría a apenas 7 u 8 embarcaciones del arqueo mencionado anteriormente, eso si acaso no está en rigor la medida de medida utilizada en Costa Rica es la llamada tonelada Moorsom, que ha caído en desuso internacionalmente. Una tonelada Moorsom representa 2.830 kilogramos, mientras que una tonelada métrica representa mil, esto si no ha sido modificado a la actualidad provoca un desbalance entre lo que supuestamente se va a licenciar y los recursos obtenidos por el mal uso de este sistema de medida, esto reduce sustancialmente el número aparente de toneladas a ser licenciadas y su ingreso correspondiente al erario público.
A pesar de que desde 1969 existe un convenio internacional que usa el metro cúbico como medida de arqueo y que Costa Rica lo suscribió en el 2009 el uso de la TNR se ha mantenido desde la Ley Ferreto y ha permeado todas las normas posteriores que regulan el aprovechamiento del atún por parte de la flota internacional de red de cerco.
Desde la Asamblea Legislativa la fracción del Frente Amplio solicitó la derogación del artículo 55 de la Ley de Pesca y Acuicultura que concede licencias gratuitas a barcos extranjeros. Cuando se formuló dicha ley, las licencias gratuitas iban dirigidas a incentivar que el atún pescado en aguas costarricenses fuera procesado en suelo nacional, pero está demostrado que la mayoría de la pesca capturada en aguas costarricenses se desembarca en otros puertos y solo la que se procesa en el país llega apenas a un 15%. La ley fue modificada via decreto en marzo del 2019
Todas estas embarcaciones estarían sujetas de un sistema de monitoreo GPS para auditar su ingreso o salida de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, desconocemos si este monitoreo se realiza actualmente
Salvo que la ley de pesca se modifique e imponga la obligatoriedad de un mínimo de pescadores locales en embarcaciones licenciadas, mediante la actual legislación no es posible, a manera de ejemplo citaremos que en Perú se obliga a las embarcaciones para obtener licencia de pesca incluir en su tripulación un mínimo de 30% de tripulación lo cual en apariencia no se cumple, el número promedio de una tripulación atunera es de 18 personas lo que equivaldría a no menos de 5 pescadores, lo cual escapa a la practicidad ya que los capitanes son los que determinan la tripulación con el “know how” e imprescindibles en las operaciones. De manera tácita se ha reducido el porcentaje a 15% de tripulación local.
Consultando como experiencia en materia legislativa en el Perú se puede determinar que su regulación exige como requisito lo siguiente: “Los armadores de buques atuneros de bandera extranjera deberán contratar como parte de la tripulación que realiza trabajo manual de cubierta de la embarcación pesquera, personal de nacionalidad peruana en una cifra no menor al 30%, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que fueran aplicables conforme a la legislación peruana”, cabe mencionar que en la mayoría de veces se aplica la incorporación de tripulación local solo en un 15% lo que equivale a apenas 3 tripulantes, si dividimos la cantidad de toneladas que contempla la cuota asignada a Costa Rica entre los posibles embarcaciones estas si fueran un 15% alcanzaría para apenas a unos 21 tripulantes y en el mejor escenario unos 40 a lo sumo, lo cual no incide de manera notable a como la promesa de Chavez infiere. Donde hay una incidencia es en los beneficiados indirectos como personal de descarga, servicios portuarios y de ship chandler este último casi a un mínimo ya que las embarcaciones prefieren avituallarse en Panamá por mejores condiciones logísticas.
Entre 2002 y 2011, se pescaron 259.180 toneladas métricas de atún en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Costa Rica. El 85% de ese atún se desembarcó en siete países; Ecuador –con el 51% de los desembarcos– fue el principal receptor, mientras que en Costa Rica solo se descargó el 15%. En el 2017 solo el 27,9 % del atún pescado en aguas nacionales fue descargado en el país, el restante 72,1% fue a dar a otros puertos, especialmente en Ecuador.
Nuestro país ha venido asignando la capacidad de pesca reconocida por la CIAT a buques de pabellón extranjero sin que las capturas habilitadas por esta capacidad hayan sido reconocidas al país y por lo tanto no se visibilizan como derechos pesqueros de Costa Rica en los históricos de captura, por lo que era necesario crear un Registro Nacional y reportarlo a esta Comisión Interamericana.
Se requiere de un monitoreo en costos de licencias que sean acorde a la actualidad pesquera y no que respondan a políticas de licencias obsoletas y desfasadas, todo en aras de lograr el mayor beneficio por el derecho de pesca eso sí, sin desincentivar la competitividad en este sector.
Entre el año 2008 y 2011 la pesca de atún generó entre $75 millones y $125 millones, pero el país solo percibe un 0,6% del atún desembarcado.
Hay que considerar el impacto del impuesto de combustible sobre la competitividad en el sector pesquero atunero.
Donde hay espacio para crecer es en el tema logístico, citemos por ejemplo una embarcación que llega a descargar cierta cantidad de atún para procesar en suelo costarricense, al llegar a puerto requiere de servicios aduanales, de puerto, de muelle, pero el tener logística como servicios afines en materia hidráulica, mecánica de aviación, materiales de pesca, electrónica, reparación de redes, “ship chandler” desalmacenaje prioritario para partes de embarcaciones, estos items son solo una parte de lo que podría incidir en competitividad y hacer atractivo un puerto para parte de la flota atunera. En la década de los 70 y antes, los barcos de cerco usaban como sus “hubs” logísticos ya sea Panamá o San Diego, hoy el axis se ha movido completamente a Manta Ecuador tanto por su despliegue logístico como estar ubicada en una posición geográfica idónea para la pesca en aguas del Oceano Pacifico Oriental (OPO) y el puerto ecuatoriano por mérito propio es considerado hoy por hoy la capital mundial del atún.
La tarifa por licencia de pesca de atún a embarcaciones atuneras extranjeras es con un factor de uso del 1% quedando en $53,100.00 por embarcación, mas 20 dólares adicionales por tonelada neta de registro del barco, para el pago de los compromisos asumidos por el país ante organizaciones regionales de ordenación pesquera y el funcionamiento institucional en atención al sector pesquero y acuícola nacional.
Costa Rica importa atún en contenedores de países como Ecuador, Tailandia, Vietnam o Filipinas porque la sale más barato. La industria no está enfocada en comprar atún a los barcos que pescan en aguas de Costa Rica, está enfocada en producir a un menor precio para competir.
A partir de marzo del 2019 las licencias para pescar atún en aguas nacionales dejaron de ser gratuitas y serían subastadas.
Pescadores propiamente se podrían beneficiar con una ley vinculante que promueva adicionalmente al costo de licencias, que sea mandatorio el enrolamiento de un porcentaje de pescadores nacionales, como se mencionó en unos párrafos previos.
La problemática de la pesca de atún intrínsecamente ligada a Puntarenas tiene más de 50 años sin ser resuelta ni ser abordada de manera integral, de ahí que siempre salta a la palestra política cada vez que se da una campaña electoral, esta no ha sido la excepción y da pie a promesas y ofertas demagógicas que solo endulzan al elector temporalmente pero no resuelven el problema medular.
Si el candidato Rodrigo Chavez no mencionó esta o parte de la información listada aquí en su propuesta a los pescadores de Puntarenas, no sería más que una campaña falaz a la caza de votos de los ingenuos pescadores puntarenenses.
En la segunda ronda de estas elecciones a realizarse en el mes de abril próximo el contendor a vencer por parte de Rodrigo Chavez es Jose María Figueres Olsen del PLN, este último no obstante aún no ha hecho referencia a este tema tan sensible a la comunidad puntarenense.
Nota: La inversión directa en el rubro de la industria atunera ha sido muchas veces dejado de lado de manera mezquina por los gobiernos de turno.
Desde el año 2018 Seatech Worldwide Corporation, de capital ecuatoriano y con operaciones en Estados Unidos, mostró su interés en invertir en territorio nacional, sin embargo, el gobierno de Alvarado le dio largas al asunto y le propuesta no fructificó
