A la luz de los hechos acaecido recientemente en el distrito de La Huaca hay que señalar un par de temas que pueden incidir sobre la percepción que tiene no solo las personas o población de la región sino allende de nuestras fronteras regionales, y no es que eso va a arreglar o solucionar nada en la controversia entre la población y la empresa Caña Brava en el sector de La Huaca y Viviate y Agro Aurora en el sector de Sullana, pero hay que curarse en salud.
¿La violencia es justificable?
¡No!, como tampoco lo debería ser el oprobio a las poblaciones afectadas por el desdén y desinterés de la empresa del Grupo Romero, las situaciones que se han vivido hacen escaso dos días no son nuevas, sin embargo, y repetimos no se justifica la violencia, pero se entiende el hartazgo e impotencia de quienes piden un mínimo de respeto por el derecho a la tranquilidad y salud de la población.
Es importante que tanto la empresa como el estado asuman su responsabilidad, una como transgresora y el otro como inepto garante de la defensa de la población ante los constantes abusos por parte de la empresa cuestionada, eso debe ser el enfoque y la premisa en algún eventual encuentro para dilucidar de una vez por todas esta situación que no se debe repetir más. Son la empresa y el estado peruano los responsables del incumplimiento de los derechos afectados por la población, el pueblo de La Huaca no tiene siquiera por asomo obligación de demostrar su afectación si consideramos la larga data de atropellos y transgresiones por parte de Caña Brava.
Hay que tener sumo cuidado por la percepción errónea, pero azuzada por las mentes febriles y sumisas que en su afán opositor al actual gobierno intentan imponer en el inconsciente colectivo, quieren meter a todos los reclamos sociales en el saco del terrorismo, por el contrario, y como siempre ha sido hay que dejar muy en claro que los afectados son los pobladores de la zona y no al contrario. La victimización a la que apela la empresa es un truco bastante trillado, y si revisan en todos los incidentes que han sucedido desde que se instaló la empresa siempre se escudan sobre supuestos sabotajes o incendios premeditados. Imagino que en el asunto de la desviación del río no pueden alegar lo mismo porque no habría manera plausible de achacarle los hechos a los pobladores.
El “desgobierno regional” siempre llega tarde o nunca es lo presto suficiente para desactivar cualquier tipo de conflicto social, eso debido a su carácter pusilánime y melindroso, esa es la herencia de sojuzgamiento y sumisión ante el empresariado antes que la defensa de la población, pero claro está que siempre van a ver a los políticos de hoy como los de entonces rogando por el voto para posteriormente decepcionar a todos por igual.
Es el estado entendiendo la figura que trasciende a cualquier gobierno de turno el que debe ser garante y dirimente en este tema, que si bien pudiera parecer minúsculo comparado con otros aún más explosivos (como en el sector minero) no deja de tener relevancia para hacer notar su presencia, empoderar el sentido de autoridad justa y resolvente. El estado peruano no puede continuar en ese modo ambiguo de no actuar por el temor infundado de ofender a empresas que usan esa percepción para tomar ventajas a costa siempre de la población a lo largo y ancho del país.
Sin extremos, ni pasivismo, menos a la espera de la iniciativa de las otras partes, el ciudadano debe y tiene la obligación de empoderarse con acciones claras, pero enmarcadas dentro de la legalidad y no caer en provocaciones que pongan en cuestión su capacidad para llevar a buen puerto cualquier afectación a sus derechos.
